La legislación dominicana presenta sanciones generales para la piratería que van de 3 meses a 3 años y multas desde U$5.000 a U$100.000. No se encuentra información relativa a nuevas penas en protección a las medidas tecnológicas así como la información para la gestión del derecho de autor.

Desafortunadamente no fue presentada información relativa a disposiciones relacionadas con las medidas en frontera.

La Unidad de Litigación inicial de la Fiscalía se encarga de la recolección de información relativa al accionar de dicha entidad y por lo tanto recopila información relacionada con el control de la piratería en lo que se refiere a decomisos, detenciones, procesos iniciados y terminados, y sentencias absolutorias y condenatorias.

Las demás entidades no presentan información sobre este particular.

IIPA por su parte ha efectuado un seguimiento a República Dominicana, que da cuenta en parte del comportamiento de la piratería en este país*. Sin embargo, como ya hemos señalado, dicha información es insuficiente para los fines de determinar políticas en materia de políticas sobre la piratería.

Es importante señalar una amplia gama de actividades reportadas en materia de campañas dirigidas a la población por diferentes medios, como la TV, radio, guías educativas, afiches y actividades de capacitación. Estas actividades se han desarrollado con el apoyo de las industrias culturales, y confiamos que las mismas se mantengan hacia futuro como punta de lanza de las acciones de rechazo a la piratería desde la sociedad.

Por su parte en materia de capacitación encontramos que no hay información relacionada desde las aduanas y policía. Se imparte formación especializada a fiscalías en materia de derecho de autor.

No se cuenta con información suficiente en relación con las funciones que policía y aduanas cumplen en el control de la piratería.

La fiscalía da cuenta del cumplimiento de sus funciones de persecución del delito como ente que investiga y acusa.

En materia de allanamientos, detenciones e incautaciones, se opera bajo autorización judicial o en el caso de los allanamientos de autorización del Ministerio Público, y en los casos de flagrancia.

No hay experiencias de este tipo de alianzas. Es importante desarrollar este tipo de iniciativas, donde la Oficina Nacional Competente puede tener un papel determinante como concitadora de la participación de los diferentes entes que conformarían este tipo de alianzas.

En materia de cooperación, se señalan algunos aspectos desde la fiscalía, que transcribimos pues resalta su pertinencia y concreción:

• Mayor difusión de la temática entre la población general.
• Planes conjuntos otras instituciones.
• Política cero tolerancia contra piratería internacional.
• Cooperación información judicial solicitada.
• Espacios de discusión regional sobre el tema.

En relación con la Oficina Nacional Competente, esta cuenta con funciones cercanas a la jurisdicción en la persecución, allanamiento, apresamiento e incautaciones de material pirata. También puede participar como órgano de conciliación previa al proceso judicial. Finalmente colabora en la acusación del infracto con el Ministerio Público.

En cuanto a los recursos a invertir se destacan las necesidades logísticas, la formación de los tribunales en la materia especializada, la necesidad de coordinación institucional que por lo tanto repercute en la creación de alianzas estratégicas. Es de especial mención la creación de una agenda común internacional para el combate de la piratería, en la que se encuentre apoyo técnico a nivel internacional para la materia.

Las oficinas de aduanas cuentan con oficinas especializadas en materia de piratería en puertos, pero no cuenta con la misma organización en materia de aeropuertos. La fiscalía si cuenta con una unidad especializada en propiedad intelectual, así como la policía a través de su departamento de falsificaciones.