La legislación mexicana penaliza los delitos contra el derecho de autor en su Código Penal con penas de prisión de 6 meses a 6 años y multas que pueden alcanzar desde los U$12.700 hasta los U$75.000, en el caso de caso de venta a consumidor. En el caso de especulación comercial con el material infractor la pena va de 3 a 10 años y multas de entre U$5.000 a U$50.000.

Una de las curiosidades de México es el hecho de que pese a que cuenta con altas sanciones a la piratería, la acción contra el delito requiere de querella, y por lo tanto no es pública, lo cual frena la acción de control de las autoridades, que siempre requerirán de la anuencia del titular del derecho para poder proceder.

No se obtuvo información en lo relacionado con medidas en frontera, sin embargo esperamos que dicha circunstancia sea complementada en un futuro.

La entidad que recolecta la información relativa a la piratería es fundamentalmente la Procuraduría mexicana, dicha información comprende los datos básicos del accionar en la persecución judicial del delito: operativos, decomisos, personas privadas de la libertad, procesos iniciados y terminados, sentencias absolutorias y condenatorias.

Otros estudios en relación con la incidencia del derecho de autor en la economía y el empleo se han realizado. En materia estadística México ha observado un importante desarrollo que no puede detenerse, es en este punto donde la cooperación puede surgir como medio para lograr que se conformen herramientas de articulación en las cifras y un seguimiento a las mismas que permitan evaluar su comportamiento y orientar gracias a tales estudios la toma de decisiones sobre la piratería.

La relación de este país con su vecino del norte, su presencia en el NAFTA, ha determinado que México deba responder a altos estándares en materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

AMPROFON (Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas) se ha identificado como una institución que realiza campañas orientadas a la promoción del respeto al derecho de autor por medio de la reducción de precios de los fonogramas.

No tenemos conocimiento de otras campañas dirigidas a la población.

Por otra parte en materia de capacitación la situación debe preocupar, pues solamente se señala en  las respuestas proporcionadas que la fiscalía recibe formación en este particular.

El Acuerdo Nacional Contra la Piratería lidera estrategias de cooperación en diferentes áreas. Dichas estrategias pretenden ser permanentes y sustentables en el tiempo. La experiencia mexicana en esta área ha sido satisfactoria logrando un frente común de lucha contra la piratería en el que participan entidades públicas y privadas de todo nivel.

Es importante hacer referencia a que en este caso, el Acuerdo trata toda la propiedad intelectual, tanto derecho de autor como propiedad industrial, lo que merece particular atención pues no siempre es fácil la correlación entre estos dos tipos de propiedad de naturaleza y objeto diferentes.

En relación con las necesidades de cooperación, no se cuenta con información de las aduanas y policía, solamente la fiscalía señaló sus prioridades en materia de cooperación que comprenden actividades de capacitación, facultades para los entes municipales para el cierre de establecimientos, la imperiosa necesidad de que la persecución de la piratería se pueda realizar de oficio y la posibilidad de que multinacionales puedan presentar denuncias, pues en la actualidad es sumamente difícil acreditar la titularidad o la representación de los derechos involucrados en casos de piratería internacional.

La Oficina Nacional Competente en materia de derecho de autor tiene dentro de sus competencias la posibilidad de imponer sanciones administrativas, puede imponer medidas preventivas para impedir la violación de derechos de autor. En materia jurisdiccional, conoce de todos los procesos relacionados con el derecho de autor, y sustancia sus propios procedimientos administrativos.

Se ha resaltado la insuficiencia de los recursos por parte de las entidades encargadas para el desarrollo de las políticas en la materia, lo cual debe ser una preocupación de los estados, pues esto debilita ampliamente la institucionalidad del las oficinas encargadas de esta materia y por lo tanto debilita los derechos mismos.

La fiscalía mexicana cuenta con una unidad especializada en delitos contra el derecho de autor, no se cuenta con información relativa a los órganos de policía y aduana.