Según la información suministrada, Ecuador modificó recientemente sus normas en materia de derecho de autor a través de la “Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual (2006-013)” del 29 de noviembre de 2006.

Dicha norma incluye la posibilidad de suspensión de la actividad aduanera por violación del derecho de autor, e incluye como violación al derecho de autor el introducir obras protegidas al territorio sin autorización del autor por cualquier medio incluido los digitales. Dicha codificación además incluye sanciones para la violación de los derechos en relación con las medidas tecnológicas de protección, así como para la protección de la información para la gestión de derechos. Esta norma busca actualizar la legislación ecuatoriana a las diferentes obligaciones internacionales.

La responsabilidad de estas acciones es la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE. Existe un procedimiento aduanero claro para la interceptación del material ilegal.

Las sanciones por violación al derecho de autor van de 3 meses a 3 años, y multas de U$1.314 a U$13.144.

El caso ecuatoriano asocia las multas predichas al monto de los perjuicios que se causen  con motivo de la actividad ilegal, en tal sentido, no habría lugar a una predeterminación de las indemnizaciones.

No se encuentra información relativa al comportamiento en aduanas de la piratería. Por su parte la fiscalía ecuatoriana si recoge información relacionada con su actividad en cuanto a procesos iniciados, terminados, sentencias condenatorias y absolutorias, información que es recolectada por la Unidad de Estadísticas Judiciales.

La policía recolecta información de operativos realizados.

Desde la Oficina Nacional Competente se indica que no existe información estadística.

Como se ha comentado en otros casos, la ausencia de información estadística es un síntoma de dificultades en materia de evaluación del comportamiento ilícito, y hace falta en la toma de decisiones políticas en relación con la temática.

Según se ha manifestado en las respuestas a las consultas elevadas por el CERLALC, se están iniciando campañas de sensibilización en relación con la piratería. Confiamos en que las mismas se den a la luz pronto y se realice sobre ellas mediciones de impacto y aceptación. No encontramos información relacionada a la existencia de apoyos para dichas campañas.

En materia de capacitación, se ha manifestado la existencia de jornadas dirigidas fundamentalmente a fiscalía, y a peritos técnicos de la policía. Las oficinas de aduanas no reciben tal tipo de formación.

Los entes encargados de la observancia del derecho de autor realizan sus funciones dentro del marco legal ya señalado, el cual se ha desarrollado recientemente. Este será un aliciente para fortalecer su acción estatal.

No se presenta información relativa a los requisitos y procedimientos para allanamientos, detenciones e incautaciones.

Se ha hecho referencia a la existencia de un Comité Antipiratería, que deja ver serios problemas de organización que finalmente acabaron con esta iniciativa. Al parecer dicho Comité no contó con una organización suficientemente sólida, ni con un liderazgo claro, lo que determinó que se dieran “acciones aisladas”. La mala experiencia da como lugar que Ecuador sea el único país de los consultados que identifica la creación de alianzas estratégicas como una mala alternativa para el combate a la piratería.

Creemos con respeto a dicha opinión que la problemática no radica en la figura de la alianza en sí, sino en su organización y fijación de metas, la participación de lo sectores relacionados, y el liderazgo natural de los entes estatales. Pese a lo anterior, encontramos que existe claridad en que en materia de cooperación se requiere la coparticipación del sector privado, las instancias judiciales y de fiscalías, y de la especial participación de ministerios y oficinas del sector gobierno.

Como en la mayoría de países, se identifica la alta necesidad de capacitación en la temática. Por otra parte como prioridad de cooperación se indica la necesidad de fortalecimiento institucional de las oficinas relacionadas con el tema, y particularmente la creación de una unidad especializada al interior de las aduanas en materia de propiedad intelectual.

La situación ecuatoriana no deja de ser preocupante en este aspecto, pues la fortaleza de sus políticas depende fundamentalmente de la manera en que dichas políticas se adoptan, y el espacio para ello es precisamente la existencia de estas alianzas.

Como ya se indicó antes, es clara la importancia que en materia de definición de políticas tiene la participación de diferentes sectores, en consecuencia una de las primeras acciones a seguir es crear el espacio para la formulación de dichas políticas. El IEPI, la Oficina Nacional Competente de Ecuador tiene en su responsabilidad la definición de las mismas. Creemos que esto es posible bajo un liderazgo de dicha oficina.

Dentro de sus funciones el IEPI señala la atención de casos de tutela administrativa y el desarrollo de una “Campaña de respeto al derecho de autor”. En relación con las funciones jurisdiccionales, se ha manifestado que tal posibilidad no se considera prudente en aras de las funciones de cada entidad.

En materia de delitos contra el derecho de autor, la Oficina Nacional al conocer de la comisión de un delito, asume la responsabilidad de remitir la causa al Ministerio Público para lo de su competencia.

Fiscalía y policía cuentan con grupos especializados en materia de piratería, lo cual debe destacarse como un logro de política pública en la organización de tales entidades. En relación con las oficinas de aduana, también se requerirá la creación de este tipo de grupo especializado.