Las sanciones en materia de piratería comprenden la prisión de 1 a 3 años, sin que exista algún tipo de tasación especial por la piratería a escala comercial.

Se destaca en este país que la acción contra la piratería es por vía de querella, y no pública como en la mayoría de los casos en otros países. Esto señala que sin la intervención de la víctima o el titular del derecho, no hay acción del estado en relación con la persecución del delito.

En materia de medidas en frontera, Costa Rica cuenta con legislación especial que le permite realizar la suspensión del despacho aduanero en casos de piratería mediante un procedimiento. Apoyada esta norma en el CAUCA y su reglamento, a los cuales se ha hecho referencia en el análisis general de este aspecto.

Existe la obtención de información estadística especialmente recolectada por el sector privado, especialmente en relación a los casos atendidos en materia de medidas en frontera e intervención aduanera. Desafortunadamente no contamos con información relativa a las cifras que recoja o no la fiscalía de dicho país.

Debemos destacar que la policía nacional si da cuenta de un amplio cubrimiento estadístico de su accionar que comprende diferentes aspectos. Por su parte, la entidad que se encarga de la recolección de la información estadística es la sección de planificación y estadística del poder judicial que recaba información sobre los procesos, material incautado y personas detenidas y llevadas a juicio.

Estos son índices importantes para tener una medida del comportamiento delincuencial.

Siguiendo el ejemplo colombiano, se han desarrollado campañas dirigidas a la sensibilización de la opinión pública, las cuales ha recibido divulgación en medios de televisión fundamentalmente. Estas campañas se han logrado realizar gracias al apoyo de CERLALC y el Convenio Antipiratería para Colombia, quienes facilitaron el material publicitario existente para adaptarlo a la identidad costarricense.

Las campañas fueron lideradas por la Oficina Nacional de este país, y desafortunadamente no contó con suficiente apoyo del sector privado para su divulgación, la cual de todas maneras se logró.

En materia de capacitación la Oficina Nacional lidera programas de capacitación en todo nivel, aun cuando se manifiesta la falta de capacitación hacia los entes policiales. Siendo la fiscalía  atendida principalmente en materia de capacitación. Sin duda mayores esfuerzos debe realizarse sobre este particular.

Sin contar con información completa referida por la fiscalía de este país, puede señalarse que los entes destinados al control de la piratería cuentan con parámetros claros en sus normas para cumplir con sus funciones.

No se cuenta con información relativa al reconocimiento del estado de necesidad como un elemento de atenuación punitiva.

En relación con los procedimientos de allanamiento, captura e incautación, se encuentra que los mismos se realizan bajo un marco legal claro, y permiten la acción en caso de flagrancia. Se hace mención especial a los cuidados en la cadena de custodia de los bienes incautados.

Existe la Comisión de Enlace Interinstitucional para la Protección de la Propiedad Intelectual, como un medio de llevar acciones coordinadas en el combate a la piratería. Sin embargo la información al respecto no es suficientemente clara, pues se ha indicado que dicha comisión no se reúne desde 2006, aunque la fiscalía de este país señala que la misma opera en la actualidad.

Esperamos que dicha Comisión continúe con sus actividades encaminadas a participar finalmente en la definición de políticas sobre la piratería por medio de su intervención en materia legislativa. Se trata de una instancia clara de cooperación entre los miembros que no puede dejarse diluir, pues como hemos evidenciado en este estudio, estas estrategias son fundamentales para fortalecer la lucha contra la piratería de manera eficaz.

La Comisión es integrada por entidades del orden público; quizá sea el momento de redefinirla e integrar a otros sectores a fin de fortalecer su presencia al interior del país.

En relación con la cooperación que requieren las entidades encargadas de la observancia de los derechos, encontramos que la capacitación en la temática ocupa el primer lugar de interés en todas las instituciones. Así mismo se busca la implementación de sistemas de información relacionada con el delito, las bases de datos de titulares y demás recursos necesarios para llevar a cabo de manera sólidas las actividades de control.

La Oficina Nacional Competente, Registro  Nacional de Derecho de Autor cumple con funciones de jurisdicción en el establecimiento de medidas cautelares e imposición de sanciones.  La información relativa a este tema se plantea como una situación que ha dejado de presentarse en la actualidad al interior de dicha oficina. Un punto es claro, para Costa Rica es importante que su Oficina Nacional cumpla con funciones jurisdiccionales, siempre que se cuente con los recursos que le permitan satisfacer las necesidades que ello demanda.

Sin embargo no se proporciona información respecto de las entidades llamadas a proponer políticas en materia de derecho de autor. Suponemos que la instancia llamada a ello es la Comisión a la cual se ha hecho referencia en el punto anterior.

En relación con los grupos especializados al interior de las entidades, encontramos que ni fiscalía ni policía cuenta con este tipo de organización especializada, al interior de la aduana la información es contradictoria, pues por una parte se señala que existe una Dirección de Investigación Especializada con un Departamento de Propiedad Intelectual, pero por otra parte, se indica que no existe ningún tipo de grupo especializado. Bajo estas condiciones lo que se evidencia es fallas de comunicación entre las entidades del país.