En relación con la piratería Colombia ha experimentado algunos avances en su legislación, dentro de los que se cuenta el hecho de introducir en el Código Penal del país, las normas relacionadas con la violación al derecho de autor. Posteriormente algunas reformas a los tipos penales en el sentido de incrementar las penas (logrando que el delito no sea excarcelable) y retirar figuras como la atenuación punitiva por cantidad de material pirata.

Las normas penales colombianas sancionan la piratería a escala comercial y en general cualquier violación a los derechos de autor, aunque, como se evidencia en la matriz de respuestas de los países, en relación con el derecho moral, no existe un tratamiento completo.

Así mismo, se encuentra que existen sanciones penales para los delitos relacionados con las medidas tecnológicas de protección, así como en relación con la alteración y otros usos de la información relativa a la gestión de los derechos.

En materia de piratería las sanciones van de 4 a 8 años y multas de entre U$5.500 y U$205.000.

La predeterminación de las indemnizaciones por la violación al derecho de autor es vista como una herramienta útil que resuelve un aspecto de difícil encuadre probatorio.

En relación con las medidas en frontera, este país recientemente acaba de generar una reglamentación especial que servirá de apoyo para la acción aduanera, la cual determina el procedimiento y las condiciones en que se puede producir la suspensión de la actividad aduanera con motivo de la introducción de material pirata. Se destaca en este decreto la especificación del procedimiento y especialmente la mención que se hace de la constitución de una base de datos de titulares de derechos que le permita a la autoridad constatar el hecho de la piratería de manera más eficaz.

De acuerdo a la información suministrada, la entidad aduanera no recupero información relacionada con la piratería, aunque seguramente iniciará un proceso en este sentido con motivo del decreto al que hemos hecho alusión.

La entidad que reporta información en materia de piratería es fundamentalmente la fiscalía, que realiza un análisis completo del comportamiento de los procesos a su cargo. Conocemos de la preocupación de la policía de establecer metodologías claras y protocolos que les permita a su vez la recopilación de información sobre su actividad.

En relación con las estadísticas, por una parte el Convenio Antipiratería para Colombia*, cumple un papel fundamental por medio de la concertación entre las entidades relacionadas con la piratería para la obtención regular y sistemática de cifras sobre este tema, así como en la labor de divulgación de las cifras así obtenidas. Por otra parte la Oficina Nacional Competente, cumple otra función clave en este tema, a través de la coordinación de la obtención de tales cifras, las cuales se recopilan de manera trimestral.

Colombia ha sido sin duda un país líder en la región en materia de campañas de divulgación y educación en relación con la piratería. El uso de diferentes medios de comunicación y la implementación de mensajes de orden constructivo que relacionan la piratería con la realidad del país, hicieron que tales campañas lograran alto impacto en la sociedad colombiana. Dichas campañas han sido lideradas por el Convenio Antipiratería para Colombia.

Así mismo, el Convenio promueve la publicación de documentos relacionados con la piratería, como la Cartilla Práctica sobre Piratería, y de una cartilla normativa que recopila la legislación sobre derecho de autor, de manera concordada y con comentarios de jurisprudencia.

El desarrollo de todas estas actividades recibe el apoyo de las entidades que conforman el mencionado convenio, de manera que se logra un alto posicionamiento en la sociedad. Esta interacción entre las entidades del sector privado y público determinó, por ejemplo, que las campañas de televisión fueran transmitidas de manera institucional dentro de los espacios televisivos obligatorios en horarios prime.

La capacitación a fiscalías, policía y aduanas, tiene un alto desarrollo por medio de programas estables de capacitación, con alto impacto entre los respectivos funcionarios. En la actualidad se procura por lograr introducir en los esquemas de las escuelas de formación de dichas entidades la capacitación en materia de derecho de autor y derechos conexos.

En esta materia, las diferentes entidades encargadas de tales acciones cumplen con sus funciones en la persecución del delito de acuerdo a las normas generales y específicas sobre derecho de autor. Como fue señalado en el aparte relativo a la legislación, existen normas claras en relación con el delito y en tal medida, la acción policial y de la fiscalía se realiza con herramientas suficientes. Así mismo la aduana, cuenta en la actualidad con un decreto relativo a las medidas en frontera que facilita su trabajo.

En cuanto a la aplicación de las normas, puede darse el caso de exención de la responsabilidad con motivo del estado de necesidad.

En cuanto a la posibilidad de allanamientos, capturas e incautaciones, estas proceden en caso de flagrancia y en dado caso bajo orden judicial. Las incautaciones comprenden no sólo el material pirata sino los elementos y máquinas utilizadas.

Quizá una de las principales problemáticas en relación con el control de la piratería se origina en las decisiones judiciales, las cuales no han logrado una uniformidad suficiente. Sobre este particular es donde se evidencia la necesidad de promover la formación especializada, incluso en el ámbito judicial, a fin de lograr un desarrollo jurisprudencial que examine de manera suficiente las diferentes problemáticas en relación con el derecho de autor y la piratería. La instancia judicial es finalmente donde se desatan los conflictos jurídicos, y en materia penal, tales decisiones concretan las normas y sanciones por la violación de los derechos. En tal medida, en un futuro, la operación judicial deberá depurar sus decisiones de manera que resuelva y genere orientaciones para la aplicación de la Ley penal.

Colombia se ha destacado por la efectividad del Convenio Antipiratería, el cual, desde 1995 ha desarrollado múltiples logros en diferentes áreas.

Se trata de un ejemplo exitoso de cooperación interinstitucional en el que se demuestra que la unión de esfuerzos puede dar resultados. Sus miembros comprenden diferentes áreas, desde el sector judicial, ministerios, policía, sector privado y academia.

Las acciones conjuntas se realizan en diferentes áreas y frentes, centrando su actividad en cuatro derroteros fundamentales**:

• Acciones y estrategias para combatir la piratería.
• Mantener una fuerza permanente común para la lucha contra la piratería.
• Fortalecer competencias de los funcionarios encargados de observancia.
• Sensibilizar a la opinión pública.

Esta alianza estratégica finalmente da como resultado una combinación de actores relacionados con el derecho de autor que aportan ampliamente para la conformación de políticas nacionales en la materia.

Sin embargo esto no quiere decir que este todo resuelto, pese a los grandes esfuerzos realizados en materia de capacitación, esta sigue y probablemente seguirá siendo una de las prioridades de cooperación para las diversas entidades.

Como en otros países, la construcción de bases de datos en relación con el delito, también es vista como una acción prioritaria.

Se resalta además el interés de la policía en obtener y contar con un archivo de muestras de patrón de material original que pueda ser comparado con el material pirata y fortalecer así la valoración de la prueba.

La Oficina Nacional, Dirección Nacional de Derecho de Autor es la entidad llamada por sus funciones a desarrollar las políticas en materia de derecho de autor  en el país. Sin embargo dicha función no la cumple de manera aislada, pues recaba de diferentes fuentes, particularmente del Convenio Antipiratería, las opiniones necesarias para que dichas políticas surjan de manera concertada con sus miembros.

Dentro de tales políticas, la Oficina Nacional ha buscado mantener una clara diferencia entre sus funciones como ente máximo del ejecutivo en materia de derecho de autor, de las funciones jurisdiccionales que recaen en cabeza del poder judicial, por ello carece de funciones jurisdiccionales.

Tratándose de una Oficina modelo para América Latina, como lo ha reconocido el CERLALC y la OMPI, a la cual diferentes funcionarios de otros países de la región acuden anualmente a realizar cursos sobre su modelo de gestión, la Oficina Nacional identifica que aun se requieren grandes esfuerzos para fortalecer su presencia institucional en el país. Dichos esfuerzos comprenden la inversión en recursos humanos capacitados, en mayor apoyo económico a las acciones dirigidas a la educación y control de la piratería, así como la inversión en aspectos logísticos necesarios para el control de la piratería.

En cuanto a la existencia de grupos especializados en materia de piratería, como ya se ha indicado, la Oficina Nacional no tiene este tipo de funciones. Llama la atención por su parte que en materia de aduanas no se haya creado este tipo de grupos especializados, el cual seguramente ya se encuentra en proceso de formación. Por su parte fiscalía y policía si cuentan con grupos altamente especializados en la materia.

Es de la mayor importancia resaltar la reciente aprobación de un documento CONPES*** relacionado con la propiedad intelectual, en el que las acciones en relación con el fortalecimiento institucional son planteadas como una de las prioridades nacionales. Dicho documento genera tres derroteros fundamentales como política nacional en materia de derecho de autor y en general de propiedad intelectual: 1. Fomento de la creación y producción intelectual, 2. Protección y observancia de la propiedad intelectual, y 3. Correcta utilización de la propiedad intelectual.