La legislación chilena adecuó sus normas a las nuevas tecnologías y a los diferentes tratados internacionales, fundamentalmente debido a las obligaciones propias de la implementación del TLC que firmó con Estados Unidos.

En materia penal, dichas reformas comprenden diferentes aspectos, incluyendo la protección de  la información para la gestión de derechos. Sin embargo respecto de la protección de las medidas tecnológicas no se encuentra disposiciones especiales.

Las penas relacionadas con la piratería se aplican conforme a un rango especial del sistema chileno, que para el caso de delitos contra el derecho de autor va desde presidio menor en su grado mínimo, que en caso de reincidencia se aumentará en un grado.  Pena que en consecuencia iría de 61 a 540 días.

En cuanto a las sanciones que protegen la información para la gestión de derechos, estas parten de la responsabilidad civil, que por lo tanto se rige por las normas y procesos propios de esta materia, hasta la responsabilidad penal en el caso doloso, con sanciones de prisión menor en grado mínimo, y multa de U$300 a U$6.000.

Bajo estos rangos, el poder judicial puede tasar las penas conforme a la especificidad de cada delito.

Por su parte, en materia aduanera, se han establecido normas relacionadas con el control e suspensión de la operación aduanera en casos de piratería. La cual se puede realizar por orden judicial a instancia del interesado en caso de evidencia que encuentre la autoridad aduanera.

Con esto encontramos que Chile viene adecuando su legislación a la actualidad internacional, y particularmente a las condiciones de su TLC con Estados Unidos.

Se encuentra que la información relativa al comportamiento de la piratería, es recolectada por las fiscalía, aduanas y por la policía.

La recolección de información proviene de diferentes entidades públicas y privadas, sin embargo en esta materia, de acuerdo a la información proporcionada, no existe participación de la Oficina Nacional Competente. Encontrar el camino para que exista un ente llamado a coordinar la obtención de información estadística sería un gran avance para la consolidación de la misma.

La Comisión Nacional Antipiratería –CONAPI– es posiblemente la instancia llamada a lograr este tipo de articulación, de manera que pueda estandarizar la información obtenida por los diferentes entes, e igualmente se pueda coordinar la regularidad de dicha información. Así mismo esta articulación es importante para definir los aspectos que deben ser medidos y la manera en que ello se puede hacer, evitando confusiones entre los diferentes campos de la propiedad intelectual.

Por otra parte, como se señala en el análisis de los diferentes aspectos del diagnóstico, esta información debería integrarse con la información del sector privado en relación con sus pérdidas, y en general el comportamiento económico incidido por la piratería, lo cual daría como resultado indicativos más completos, sustentados en información comparada.

No fue recibida información relativa a la existencia o no de campañas de sensibilización y educación a la población en general en relación con la piratería. Este tipo de iniciativas son fundamentalmente de orden privado. Resaltamos de nuevo la pertinencia de que las instituciones públicas participen en este tipo de procesos, pues ello le da un peso institucional en aras de la garantía de los diversos intereses que se pueden ver implicados. En este sentido la participación del sector público puede dar lugar a que los mensajes a la comunidad sean fundamentalmente educativos y constructivos.

En materia de capacitación, se encuentra que existe una formación regular para fiscalías y aduanas en materia de propiedad intelectual, y que en relación con la formación a policía, esta se produce pero de manera esporádica.

Seguramente la capacitación seguirá siendo un derrotero para las instituciones públicas y privadas como medio para fortalecer su capacidad de gestión en esta materia.

Las tres instituciones (fiscalía, policía y aduanas) cuentan con funciones de control de la piratería bajo presupuestos de legalidad en sus acciones. Se evidencia además el deber de la entidad aduanera de hacer seguimiento a los procesos penales que se inician con motivo de su accionar.

En materia de allanamientos, captura e incautación, los mismos se realizan por medio de orden judicial y bajo condiciones garantistas.

Uno de los puntos de análisis en este aspecto es la posibilidad de encontrar sentencias con atenuación punitiva por casos de estado de necesidad, bajo la consideración desafortunada de que el delito de piratería es de menor impacto que otros. Para contrarrestar este tipo de circunstancias, son de mucha utilidad diferentes estrategias de capacitación y divulgación que generen entre la opinión pública en general, la jurisdicción y demás entes estatales, una conciencia mayor sobre la importancia de la protección de estos derechos.

Por motivos que nos son extraños, en la información suministrada no se encontró referencias a la existencia de alianzas estratégicas de este orden. Pese a ello tenemos conocimiento de la existencia de la Comisión Nacional Antipiratería –CONAPI–, creada en 2001 e integrada por diferentes gremios y asociaciones*. Esperamos poder contar con mayor información al respecto en un futuro.

Ahora bien, en relación con las prioridades de cooperación que señalan las instituciones chilenas, se encuentra preocupación por una mayor capacitación a sus funcionarios, el fortalecimiento de las sanciones penales para la piratería. Por otra parte se resalta la necesidad de una mayor coordinación entre las entidades encargadas, la cual encontraría su espacio en la CONAPI.

Uno de los puntos destacados en materia de cooperación en el que coinciden la mayoría de países es en la necesidad de constituir redes de cooperación nacional CONAPI e internacional para el combate a la piratería.

Existe una baja visibilidad de la Oficina Nacional chilena que determina que no exista mayor información en relación con la definición de políticas en materia de piratería. Confiamos en que pueda suministrarse mayor información al respecto.

Por otra parte, se encuentra que las entidades encargadas del combate a la piratería, como son fiscalía, policía y aduanas, no cuentan con grupos especializados en la materia. Esto, como ya se ha señalado, es prioritario en materia de políticas, pues determina la capacidad de gestión para el control de una forma especializada de delincuencia. Por ello es de resaltar la manifestación en la que se señala el proceso de creación de un grupo especializado para las aduanas chilenas.