Las políticas nacionales en materia de piratería son el resultado de la conjugación de diferentes factores, entre otros, los que se señalan en este diagnóstico.

El liderazgo de las oficinas nacionales competente en materia de derecho de autor es la piedra de toque, el eje fundamental de dichas políticas. Estas oficinas tienen una responsabilidad clara en cuanto a conocer el panorama completo de la problemática de la piratería en su respectivo país, así como en todos los temas relacionados con el derecho de autor, debe ser además consciente de su capacidad de gestión, y en tal sentido cumplir desde su posición en el organigrama del Estado con su papel.

Dentro del desarrollo del diagnóstico hemos encontrado que las oficinas nacionales son una de las principales fuentes de información, pues de hecho deben ser el canal institucional a través del cual se articula el flujo de información.

Desafortunadamente encontramos que no en pocos casos, las oficinas nacionales en la realidad latinoamericana, tienen poca o ninguna visibilidad en sus países, en muchos casos por encontrarse sumidas en una estructura superior asociada a oficinas generales de propiedad intelectual, donde la propiedad industrial opaca, con su músculo económico y de opinión pública, a las acciones de las entidades de derecho de autor. Muestra de ello es la escasa participación de estas oficinas en los foros previos realizados por el CERLALC en la materia que nos ocupa, y donde, de 15 países convocados, participaron 10 oficinas nacionales.

De las respuestas en materia de los recursos a invertir en las oficinas y en las políticas nacionales, se encuentra como lugar común que las oficinas nacionales carecen de recursos financieros suficientes, que la formación especializada en la materia para los diferentes entes que se relacionan con la lucha contra la piratería, es una de las prioridades fundamentales. Podríamos resumir este tema como lo ha expresado República Dominicana en relación con los recursos requeridos:

• Logística necesaria.
• Especialización de tribunales.
• Fortalecer coordinación interinstitucional.
• Apoyo técnico a nivel internacional
• Intercomunicación entre países.
• Agenda común.

Así mismo es causa de preocupación que dichas oficinas nacionales carecen de autonomía, cuentan con escasos presupuestos y personal, que con grandes esfuerzos busca cumplir con una responsabilidad que no se compadece con el número de personas a cargo. En tal sentido, el llamado generalizado es al fortalecimiento institucional de dichas oficinas, que les permita posicionarse en los estados como uno de los entes clave para determinar políticas que con toda seguridad deben repercutir en el desarrollo económico, social y cultural de sus respectivos países.

A través de lo analizado en relación con las alianzas interinstitucionales en materia de lucha contra la piratería, puede evidenciarse cómo existe una necesaria interacción entre diversas entidades del orden público y privado. Cada oficina nacional debe tener el peso suficiente para interactuar, en el alto nivel, con ministerios de diferentes áreas y otras entidades que se relacionan con el derecho de autor. Esto significa participar en la toma de decisiones en la materia.

Ahora bien, si la oficina nacional tiene un liderazgo en las políticas nacionales en materia de derecho de autor y por lo tanto en materia de piratería, no puede olvidarse que la conformación de una política pública requiere de la participación de todos los sectores relacionados, de allí la importancia del liderazgo. Anotamos sobre este particular que no hubo una respuesta mayoritaria a la inquietud presentada a los países en relación con la identificación de diferentes sectores o actores que deberían participar en la definición de las políticas en materia de piratería.  De los 15 países solamente 4 dieron respuesta a esta inquietud, quienes coinciden que tal participación debe comprender a todas las entidades relacionadas con el derecho de autor en el ámbito privado y público. Y que como lo señala Colombia, deben participar las entidades encargadas de formulación de políticas, las ejecutoras (fiscalía, policía aduanas), entidades Jurisdiccionales, entidades públicas del sector cultura y educación, entre otras.

Sobre esta temática, no contamos con una muestra representativa en relación con la definición de las entidades que participan en la definición de políticas, pues dicha información fue proporcionada apenas por 5 países de los 15 que hacen parte de este diagnóstico. De ello podemos deducir que no existe una preocupación real en la definición de políticas en relación con la piratería, pues una política en materia de lucha contra la piratería comprende un rango de toma de decisiones orientadas hacia un fin determinado y previamente establecido por medio de un diagnóstico y evaluación de la problemática de cada país. Sin ello, las acciones que se realicen en este tema, al carecer de un norte de acción, serán constantemente aisladas, de bajo impacto, carentes de concertación, y por lo tanto de corta duración.

Por otra parte, las oficinas nacionales en relación con la piratería pueden tener ciertas funciones, que van desde su labor como líderes en la definición de políticas, como ya lo hemos observado, hasta su función como organismo técnico especializado, que por lo tanto puede apoyar la labor de control.

Al respecto existen diferentes posiciones, donde se discute si una oficina de este tipo debe mantenerse en su labor eminentemente técnica y de políticas y no desarrollar funciones jurisdiccionales, o de asistencia judicial o policiva en el combate a la piratería, como es el caso colombiano, o si por el contrario estas oficinas si deben tener este tipo de participación, como puede observarse en el caso peruano, hondureño, entre otros.

Esta discusión no tiene lugar a ser resuelta en este espacio, pues finalmente, depende de la organización de cada país. Si es importante, en cambio, entender que proporcional a las funciones que cumple cada oficina, debe existir un músculo institucional correlativo que le permita hacerlo, de lo contrario, será una institución débil. Al respecto debemos señalar, que la decisión en relación con las funciones que debe cumplir una entidad como la oficina nacional competente de cada país, es de hecho, el primer paso en la definición de las políticas de Estado en la materia.

Finalmente, en materia de políticas, se quiso identificar los casos en cada país en que las instituciones principales encargadas del control de la piratería (Oficina Nacional, Fiscalías, Policía, y Aduanas), cuentan o no con grupos o cuerpos especializados para este tema.

Dada la naturaleza de la labor de las fiscalías, o en general de los entes que se encargan de la persecución del delito, el contar con un grupo especializado mayor o menor en esta materia ya es muestra de políticas nacionales específicas en el interés del control de la piratería. Por medio de la especialización, se logra favorecer el nivel de respuesta ante la delincuencia, con una mayor efectividad, con una mayor seguridad tanto para los implicados, como para las víctimas, pues el operador jurídico se encontrará con mayor capacidad de fortalecer por medio de su conocimiento especializado, los argumentos que esgrime para lograr que la jurisdicción haga aplicable las penas.

La policía y las aduanas, ya lo han manifestado en otros apartes de este diagnóstico, requieren que se desarrolle políticas en su favor, especializando su actividad, capacitándose, y por lo tanto generando grupos especializados que le den mayor fortaleza operativa. En materia de piratería, este tipo de entidades requiere especialización tanto en los aspectos jurídicos relacionados con el derecho de autor y la piratería, sino especialización técnica para la identificación y apreciación de la mercancía pirata, lo que implica altos conocimientos tecnológicos que les permita tener la capacidad de identificar los medios que la delincuencia utiliza para cubrir su accionar.

Bajo estos supuestos, queremos resaltar que conforme a la información aportada, son escasos los casos en que las aduanas cuentan con grupos especializados en la temática. Lo cual significa desde ya un derrotero claro de acción. Sólo Bolivia, Costa Rica, Panamá, y República Dominicana señalan tener este tipo de grupos especializados.

Ya hemos presentado la discusión en lo relacionado con la existencia o no de grupos especializados en materia de piratería al interior de las oficinas nacionales, lo que debemos señalar en este momento, es que dependiendo de las funciones de tales oficinas, será necesaria la existencia de grupos especializados. Es decir, si la Oficina Nacional cuenta con funciones jurisdiccionales o administrativas de sanción a la piratería, debería contar con grupos especiales que cumplan esta función, de manera que exista distribución de funciones clara y no exista funcionarios con múltiples obligaciones.