La existencia de acuerdos inter-institucionales para la lucha contra la piratería aparece en el desarrollo de este diagnóstico, como una de las herramientas más idóneas para fortalecer a un país en este tema.

Colombia ha sido pionera en este tipo de alianzas con el Convenio Antipiratería para Colombia, su integración en los años 90’s constituyó el punto de partida de una experiencia exitosa que ya se acerca a los 15 años de existencia. Diversos factores pueden tenerse en cuenta para analizar el éxito de esta iniciativa, el primero de ellos, la integración articulada de entidades del sector público y privado que confluyen en intereses comunes en relación al combate de la piratería. Segundo, una filosofía clara que más allá de la concertación de acciones operativas de control de la piratería, dirige al Convenio hacia la educación a todo nivel sobre el derecho de autor, su importancia y su desarrollo. Tercero, derivado del anterior, la clara intención de sus miembros de cumplir una función de orientación en la definición de políticas nacionales en relación con la piratería. Cuarto, la existencia de una secretaría técnica, y en la actualidad de una gerencia, que sin duda han sido el motor constante de este espacio de interacción institucional, la cual ha sido liderada por el CERLALC. Quinto, la organización de comités específicos para ciertos aspectos, políticas, observancia, capacitación, comunicaciones, gremios, y ejecutivo, con tareas específicas y responsabilidades claras; de especial interés es el comité ejecutivo, pues es el ámbito de toma de decisiones especialmente en relación con las actividades que realiza el Convenio y la forma en que se financia. Sexto, una estrategia de comunicaciones de amplio espectro que comprende publicaciones, página web, múltiples comerciales educativos para radio y tv, realización de eventos de difusión a público general, entre otros. Séptimo, un indudable liderazgo político y técnico de la oficina nacional competente, Dirección Nacional de Derecho de Autor. Octavo, y finalmente, una participación activa concreta y seria de los gremios que representan las diferentes industrias culturales relacionadas con el derecho de autor y los derechos conexos.

Este tipo de alianzas tiene la potencialidad de ser el canal de gestión de muchas de las necesidades que se han evidenciado a lo largo de este diagnóstico. Sin querer ser la panacea, y teniendo en cuenta las particularidades de cada país, una alianza estratégica de este orden puede lograr una alta efectividad, que depende fundamentalmente de los miembros que la integren y su alto compromiso. Hemos tomado el ejemplo colombiano con la intención de dar cuenta de una especie de carta de navegación para otros países, que adecúen estas condiciones a su propia experiencia y características nacionales.

Por ello es relevante que en la mayoría de los países de América Latina consultados han dado cuenta del nacimiento de alianzas de este tipo, y reconocen su importancia estratégica en el combate de la piratería. De los 15 países 8 cuentan con alguna experiencia sobre esta temática.
Preocupa en este diagnóstico la experiencia ecuatoriana, en la que una iniciativa de este orden en años pasados, dejó de funcionar recientemente, y sin entrar a poder examinar a fondo cuestiones que son del fuero interno de cada país, en este caso, la experiencia fallida ha dejado el sinsabor que repercute en identificar que este tipo de alianzas son perjudiciales para la acción pública. Como toda estrategia, una alianza de este orden corre riesgos de desarticulación, cuya repercusión es sumamente grave, pues puede significar la pérdida de voluntad política de actores claves en un país para fortalecer la protección del derecho de autor. Por ello, es fundamental entender que el establecimiento de este tipo de alianzas no significa “correr el mismo programa en diferentes espacios” pues la configuración de cada sistema estatal es diferente, y tiene sus propias características.

Es en este punto, donde esperamos que este diagnóstico, así como las herramientas relacionadas en el portal Lucha Contra la Piratería en América Latina, sirvan de ayuda a los diferentes países para la identificación de sus peculiaridades, problemáticas, necesidades y especialmente puedan comparar sus características con los desarrollos de otros países en similares, pero no iguales circunstancias.

Países como Bolivia, Guatemala, Nicaragua, y República Dominicana pueden aprovechar esta información para la conformación de sus propias alianzas, bajo su especial configuración.

Por parte de los países se reconoce la importancia de las alianzas de cooperación, por un principio básico, la unión hace la fuerza. Las acciones desarticuladas dan lugar a escasos resultados que pueden potenciarse con la suma de otros apoyos.

Dentro de su capacidad, estas alianzas pueden aportar ampliamente en la definición de políticas nacionales, lo que significa una participación activa y con alta repercusión en la adopción de normas en relación con el derecho de autor. En este punto, y bajo la coyuntura que enfrentan en la actualidad la mayoría de países de América Latina, el apoyo legislativo para adecuar las normas nacionales a los acuerdos internacionales es clave, pues tales acuerdos tienen claras obligaciones para los países en materia de observancia de los derechos.

El caso de República Dominicana es de particular interés en relación con la información aportada, pues se ha confundido la labor la Oficina Nacional, con la labor de una alianza como la que tratamos en este acápite. Por una parte es un error que la Oficina asuma este papel, y por otra debe ser clara la participación de la Oficina Nacional como ente rector en cada país en materia de derecho de autor, como líder natural de tales estrategias.

Los diferentes países que han desarrollado esquemas de cooperación arrojan resultados de importancia en la definición de normas especiales en sus países, en actividades de capacitación, la comunicación fluida y la cooperación entre los miembros, acciones educativas y de sensibilización social, y fundamentalmente la concurrencia de los sectores en la protección del derecho de autor.

Es fundamental que estas alianzas desarrollen medios para medir y evaluar sus resultados, pues por medio de tales herramientas pueden tener la capacidad de reaccionar ante las problemáticas que enfrenten, y solucionarlas de manera efectiva. Ningún cuerpo social y plural está exento de dificultades, y su fortaleza se deriva especialmente de la manera en que responde a las mismas. Un esquema de evaluación de resultados, un esquema ejecutivo que determine con claridad responsabilidades son partes de tal organización.

Otra problemática a analizar es la posibilidad de que estas alianzas se integren en conjunto con los intereses de la protección de  la propiedad industrial. Esta circunstancia tiene serias implicaciones y no es deseable, pues el ámbito de protección y de aplicación, así como la naturaleza de los bienes, la forma en que la piratería se produce en cada sector es sumamente diferente. Además da lugar a que, como se ha evidenciado en este estudio, los funcionarios públicos, jueces, fiscales, etc, no diferencien una propiedad de otra y le den tratamientos iguales que no corresponden. Así mismo puede llegar a ser perjudicial debido a que en algunos casos la protección de la propiedad industrial puede tener un músculo financiero mucho mayor que el sector cultural, lo que hace que las políticas al interior de las alianzas prioricen otros intereses, dejando de lado al derecho de autor, o perdiendo este la visibilidad que requiere. No puede olvidarse que el sector protegido por el derecho de autor, y la acción de las estrategias interinstitucionales de lucha contra la piratería, tienden a proteger fundamentalmente la cultura nacional, y son los gremios nacionales los que son llamados en primera instancia a conformarlas.

En cuanto a los diferentes entes que pueden o deben integrar este tipo de alianzas podemos examinar el siguiente cuadro resumen:

Ante este panorama, debe resaltarse que la presencia del sector judicial sólo se da en el caso de dos países, México y El Salvador. La presencia del sector judicial en estas alianzas allanaría mucho el camino en materia de formación a jueces para que tengan algún grado de especialización en la materia, escollo que han enfrentado la mayoría de países, ante la necesidad de buscar medios por los cuales la formación en derecho de autor sea un elemento constante en la capacitación de jueces.

No en todos los casos se encuentra la participación del sector privado, lo que significa que la acción de las alianzas depende de las iniciativas públicas, lo que debilita las políticas nacionales, pues no tienen un grado de interacción suficiente con los directamente interesados y destinatarios de tales políticas.

Otro de los aspectos a resaltar, es la aparente ausencia de las aduanas en estas alianzas, pues no es necesario reiterar sobre la importancia de estas entidades en la labor de control de la piratería.

Siendo las alianzas estratégicas un espacio donde se gestiona la cooperación de las diferentes entidades relacionadas con el combate de la piratería. Hemos querido hacer especial énfasis en las necesidades de cooperación que han identificado las entidades de aduana, policía y fiscalía de cada país, sin perjuicio de las necesidades específicas de cada país, tratamos de generalizar algunas líneas de cooperación de la siguiente manera:

• Las tres entidades coinciden en la necesidad de consolidar procesos de formación especializada en la materia, esto puede realzarse por medio de diferentes estrategias, entre las que se cuenta, la celebración de convenios o la participación efectiva de las escuelas de formación de dichas entidades, el apoyo del sector privado, y el desarrollo de metodologías de formación, que acompañadas de materiales idóneos permitan que la formación impartida pueda retroalimentarse, y a su vez reproducirse en procesos independientes.
• Otro aspecto de la formación especializada se relaciona con la labor pericial, en donde la policía juega un papel fundamental para la identificación del material pirata.
• Otro de los aspectos en los que se reconoce especial importancia es en la constitución de unidades especializadas para este tipo de delitos, tanto en las aduanas, como en la policía, como en los entes fiscales (donde no exista ya).
• Para las aduanas es de especial interés el desarrollo de herramientas de información que permita la identificación de titulares de derechos, y la eficaz comunicación con ellos a fin de dar inicio a los procedimientos de suspensión de la actividad aduanera.
• Por su parte, policía y fiscalía resaltan la necesidad de contar con herramientas tecnológicas adecuadas y actuales para poder identificar las actividades infractoras.
• Las tres entidades requieren un sistema de intercambio de información delincuencial que les permita establecer estrategias conjuntas de acción internacional para el combate de la piratería.
• En algunos casos se requiere que exista coparticipación de las víctimas, lo cual es diciente de la manera en que la interacción entre sector público y privado es fundamental.
• Se hace énfasis en la mayoría de los casos de la necesidad de desarrollar campañas educativas a la población general sobre la problemática de la piratería.